“La megaminería avanza, la ciencia grita, el poder no escucha”

Hay momentos en que una provincia entera parece quedar suspendida en una especie de hipnosis colectiva, como si el ruido de las máquinas que aún no arrancaron ya empezara a opacar la voz de la gente. En estos días, al ver cómo la Cámara de Diputados de Mendoza avaló por amplia mayoría la Declaración de Impacto Ambiental para la megaminería en Uspallata, sentí esa mezcla amarga de déjà vu y alarma. Treinta y dos manos levantadas, trece en contra. Treinta y dos votos para avanzar a ciegas, trece votos para sostener un límite mínimo de responsabilidad. Y yo no puedo dejar de preguntarme: ¿quién decide el futuro del agua, de la tierra, de los cuerpos que viven abajo en la planicie, cuando allá arriba se perfora la montaña?

Lo que más indigna no es solo la decisión política —previsible, incluso mecánica— sino la obscenidad de hacerlo contra la palabra explícita de quienes estudian, investigan, miden y advierten. El Conicet, la institución científica más prestigiosa del país, publicó un informe que no deja espacio para interpretaciones decorativas: el proyecto San Jorge tiene deficiencias graves, estructurales, inadmisibles. Falta de datos actualizados; líneas de base incompletas; estudios superficiales sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y condiciones sociales; riesgos no modelados; información clave sin respuesta. Y aun así, el oficialismo avanza, como si el conocimiento fuese un estorbo y la realidad un trámite.

Yo leo ese informe y me golpea siempre lo mismo: nuestro recurso más frágil —el agua— está siendo entregado en nombre de una prosperidad futura que nunca llega. Los caudales estudiados son previos a la megasequía 2010–2022. La demanda de la empresa excede lo disponible. No se evalúan con rigor los riesgos de contaminación subterránea ni su eventual conexión con cuencas mayores. Si esto no es jugar con fuego, ¿qué es?

Y al lado del agua, la vida: líneas de base desactualizadas sobre flora y fauna, falta de cartografías serias, ausencia de protocolos, omisiones sobre vegas, artrópodos, zonas sensibles. ¿Cómo se supone que se protege lo que ni siquiera se termina de describir? Lo mismo vale para el patrimonio arqueológico —huellas incas, territorios huarpes— que parecen ser tratado como pequeños obstáculos culturales que conviene invisibilizar.

Mientras tanto, el Senado espera el 9 de diciembre para definir si entierra este proyecto o si entierra, una vez más, la posibilidad de decidir colectivamente qué modelo de desarrollo queremos. Y yo no puedo dejar de ver la línea que une todo: desde la presión empresaria hasta la obediencia política, desde la premura del trámite administrativo hasta el silenciamiento de la ciencia. Una línea que también describe Alejandro Bercovich cuando indaga quiénes son los dueños del país y qué país quieren.

Por eso escribo esto también como un llamado. Porque la defensa del agua nunca fue un gesto bucólico: siempre fue una forma de resistencia frente a los intereses que no dudan en sacrificar lo común para consolidar lo propio. No se trata de romanticismo ambiental, sino de supervivencia política.

Mendoza ya supo levantarse cuando quiso. Nada impide que vuelva a hacerlo ahora. Hay veces en que la única decisión verdaderamente responsable es frenar. Y hay pueblos que saben hacerlo.