El poder invasor de la minería

 

La historia contemporánea de Venezuela —y de buena parte de América Latina— no puede leerse sin atender a una constante que atraviesa gobiernos, ideologías y discursos morales: la disputa por los recursos estratégicos. En el caso venezolano, el petróleo ha sido el protagonista evidente, pero en las últimas décadas la minería —oro, coltán, tierras raras— se ha convertido en un factor decisivo, silencioso y profundamente invasivo. Allí donde hay minerales estratégicos, la soberanía se vuelve frágil y la democracia, negociable.

La política exterior de Estados Unidos bajo la administración Trump, con su retórica agresiva y su obsesión por Venezuela, no se explica solo por la figura de Nicolás Maduro ni por la preocupación selectiva por los derechos humanos. Se explica, sobre todo, por la necesidad de controlar territorios ricos en energía y minerales clave para la economía global y la industria tecnológica. La minería, como el petróleo, no es solo un recurso económico: es poder geopolítico concentrado en el subsuelo.   

Pero sería intelectualmente deshonesto atribuir toda la responsabilidad al invasor externo. Maduro consolidó un modelo de poder cada vez más autoritario, encerrado en un castillo ideológico que confundió soberanía con clausura, resistencia con inmovilidad. En nombre de la revolución, el Estado se convirtió en un administrador opaco de recursos estratégicos, especialmente en el arco minero del Orinoco, donde la explotación avanzó sin controles democráticos, ambientales ni sociales. El caudillo sitiado terminó gobernando un territorio rico, pero devastado, y un pueblo empobrecido en medio de la abundancia.

Ese manejo autoritario de la riqueza minera ofreció el argumento perfecto para la narrativa invasora. Trump no necesitó inventar villanos: los presentó como tiranos que saqueaban su propio país. Así, la minería pasó de ser un recurso soberano a convertirse en excusa moral para la intervención. La ecuación es conocida: donde hay minerales estratégicos mal gestionados, aparece la “comunidad internacional” reclamando orden, transparencia y, por supuesto, acceso.

Las consecuencias son devastadoras. La minería no solo condiciona la política exterior, sino que deforma la política interna. Genera economías extractivas dependientes, alimenta redes de corrupción, militariza territorios y destruye comunidades. En Venezuela, el pueblo quedó atrapado entre dos fuerzas que se retroalimentan: un Estado que concentra poder y recursos sin control democrático, y potencias extranjeras que convierten esa concentración en justificación para la dominación.

La soberanía, en este contexto, deja de ser un principio político y se transforma en una variable económica. No importa quién gobierna, sino quién administra el subsuelo. La democracia se vuelve secundaria frente a la lógica extractiva global.

 El verdadero dilema que deja Venezuela no es elegir entre el caudillo autoritario o el invasor ilustrado. Ese es un falso dilema funcional al poder. La pregunta que interpela  es más profunda: ¿puede existir soberanía real en un mundo donde la minería y los recursos estratégicos dictan la política? Mientras los Estados sigan organizándose alrededor del saqueo —propio o ajeno— y no del bienestar colectivo, la historia seguirá repitiéndose. Romper ese ciclo exige algo más radical que cambiar de gobierno o denunciar invasiones: exige repensar el vínculo entre recursos, poder y democracia, antes de que el subsuelo termine gobernando definitivamente la superficie.